UniversidaddeCádiz

OBJETIVOS:

La delincuencia, y, especialmente, la delincuencia organizada, cada vez conoce mejor
la forma de proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y utiliza medios más
sofisticados para obstaculizar el trabajo de estas. Por tal motivo es necesario que
estas cuenten con instrumentos adecuados para hacer frente a esta nueva realidad.

Consciente de que nuestra bicentenaria Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882
(aunque parcheada innumerables veces con ocasión de multitud de reformas) no había
podido sustraerse al paso del tiempo y de que renovadas formas de delincuencia
ligadas al uso de las nuevas tecnologías habían puesto de manifiesto la
insuficiencia de un cuadro normativo concebido para tiempos bien distintos, el
legislador decidió en 2015 tomar cartas en el asunto con la regulación de algunas
medidas de investigación tecnológica por medio de la Ley Orgánica 13/2015, de 5
de octubre.

Así, se regularon medidas de investigación tecnológica como, por ejemplo, la
interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas (los llamados
"pinchazos telefónicos"); la captación y grabación de comunicaciones orales
mediante la utilización de dispositivos electrónicos (es decir, la colocación de
micrófonos ocultos); la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento,
localización y captación de la imagen (como GPS); y el registro de dispositivos de
almacenamiento masivo de información y los registros remotos sobre equipos
informáticos (mediante virus y troyanos informáticos).

Todas estas medias, que anteriormente no estaban reguladas en la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, provocaban muchos problemas prácticos cuando eran
utilizadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscales y Jueces de Instrucción
en la investigación de delitos, especialmente, de aquellos propios de la
delincuencia organizada, para cuya investigación es donde más frecuentemente se
suele hacer uso de estas medidas de investigación. Estas lagunas eran resueltas,
con mayor o menor éxito, por la jurisprudencia, que, no obstante, no alcanzaba a
solucionar todos los problemas que se daban en la práctica.

Transcurrido ya un tiempo desde la puesta en marcha de esta reforma legislativa,
conviene ahora examinar cómo estas medidas de investigación se están poniendo en
marcha en una zona tan candente como la del Campo de Gibraltar, en la que la lucha
contra el narcotráfico y la delincuencia organizada hace necesario el empleo diario
de las mismas. Así pues, el objetivo principal de este curso consiste en dar a
conocer cuáles son las medidas de investigación tecnológica que se regulan en la
Ley de Enjuiciamiento Criminal y que están a disposición de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, Fiscales y Jueces de Instrucción para la investigación de delitos de
narcotráfico y de delincuencia organizada, analizar con qué problemas prácticos
se están encontrando estos operadores jurídicos en la aplicación de las mismas, y
tratar de proponer medidas que permitan en el futuro paliar estos problemas.

El curso está dirigido prácticamente a toda clase de público, no solo a público
experto. Principalmente, se dirige a estudiantes de la Universidad de Cádiz de los
Grados en Derecho y en Criminología (y de los dobles títulos que incluyen estos
Grados); del Máster de Abogacía; del Máster en Sistema Penal, Políticas de
Seguridad y Criminalidad; del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y
Jurídicas y del Programa de Doctorado en Derecho. Además, se dirige especialmente
a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fiscales y Jueces de Instrucción.
No obstante, el diseño del curso permite que personas que no sean expertas en la
materia, es decir, el público general, también puedan cursarlo.

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