UniversidaddeCádiz

Plantean un aumento de la Financiación Básica Operativa que al menos cubra la cota de gasto

Consideraciones AUPA Sobre Proyecto De Ley De Presupuesto De Andaluci A 2022 V2 16 11 2021

Las rectoras y los rectores del sistema universitario público de Andalucía, tras la presentación del proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2022 y en relación con las partidas asignadas al sistema universitario, han decidido presentar ante la Presidencia y los distintos grupos del Parlamento de Andalucía un documento  con “una propuesta concreta de modificación para que puedan valorarla y, en su caso, asumirla”.

Dado que la propuesta de la Junta no permite una “financiación para garantizar los gastos mínimos y necesarios de funcionamiento” y “a la vista de las notables y profundas carencias de la propuesta”, las rectoras y rectores solicitan “el aumento de la Financiación Básica Operativa a una cantidad que al menos cubra la cota de gasto; es decir, un aumento de la Financiación básica operativa a 1.404.677.656 € y un compromiso de ascenderlo un 2% si se produce el correspondiente aumento salarial, quedando entonces la financiación básica operativa en la cantidad de 1.432.771.209 M€”.

De igual manera, la propuesta de modificación plantea un “aumento de la Financiación Total para que la Financiación Básica Operativa alcance, de acuerdo con el compromiso establecido por el Gobierno, el 80% del total: 1.755.847.070 € si no se produce aumento salarial del 2% o 1.790.964.011 € si se produce el aumento salarial del 2%”. Y, en tercer lugar, “un incremento respecto de la propuesta actual (1.526.594.394 €) de 229.252.676 €, si no hubiera aumento salarial del 2%, o de 264.369.617 €, si se produjera el citado aumento”.

En este documento, exponen que las Bases del Modelo de Financiación “se configura destinando un 80% del total a la financiación básica operativa destinada a cubrir costes salariales, de funcionamiento y de mantenimiento de bienes y servicios”. De este modo, “la financiación operativa representa el grueso de la financiación (80% del total) y tiene por objeto cubrir los principales costes variables de funcionamiento de la universidad. Engloba los costes de personal, los gastos de funcionamiento, los costes de mantenimiento, la inversión de reposición, etc.”

Por su parte, el Proyecto de Ley del Presupuesto para 2022 asigna una tabla de autorización de costes de personal para las Universidades públicas andaluzas que asciende a un total de 1.404.677.656 €, lo que implica tan sólo un 1,1% más que lo autorizado en 2021. En el mismo documento, se incluyen las partidas correspondientes a la financiación básica operativa, cuya suma asciende a 1.294.830.600 €.  En este contexto –añaden- “la diferencia entre la cota autorizada en este momento (1.404.677.656 €), que deberá ser aumentada si se aprueba la subida de salarios para los empleados públicos en 2022, y la propuesta de financiación básica operativa (1.294.830.600 €) demuestra la imposibilidad existente para poder garantizar el funcionamiento del sistema”.

Según las Bases del Modelo, la financiación operativa cubrirá “los principales costes variables de funcionamiento de la universidad” (costes de personal, gastos de funcionamiento,  costes de mantenimiento, inversión de reposición, etc.)” por lo que “la necesidad de un aumento de esta partida es claramente manifiesta”. En este momento está 109.847.056 € por debajo de la cantidad autorizada sólo para los gastos de personal (los cuales no tiene incorporado, como se ha dicho, el posible aumento del 2% de los salarios de los empleados públicos).

Además, insisten los rectores y rectoras, “la financiación operativa propuesta no corresponde con el 80% de la cantidad total asignada que, de acuerdo con el citado documento, asciende a 1.569.594.394 €. Utilizando esta cifra, la financiación operativa asignada corresponde con el 82,5%”. En este sentido, “ha de tenerse en cuenta, adicionalmente, que la financiación total se calcula, incorrectamente, incluyendo partidas que no son aceptables dentro de lo que el modelo llama financiación básica de convergencia: la principal de ellas corresponde a los 43.000.000 € asignados a las bonificaciones del 99% del precio público a los estudiantes que han superado con éxito créditos del curso anterior, cuando es sobradamente conocido que esta medida no financia a las Universidades públicas andaluzas, ya que su inexistencia no supondría una baja de derechos presupuestarios de las Universidades. Esta medida representa un incentivo a los estudiantes matriculados no sólo en las Universidades públicas andaluzas sino también en sus centros adscritos y en la UNED”.

“Dicho planteamiento erróneo –añaden- se corrobora con la lectura del propio documento de presentación del proyecto, que en sus páginas 247 y 248 destina estos recursos a los siguientes objetivos: Reducir el esfuerzo de las familias para atender las matrículas y lograr un impacto positivo en la economía doméstica y en el futuro de las personas. Eliminando esta partida principal, la Financiación total asignada ascendería a 1.526.594.394 € y, en consecuencia, la financiación operativa alcanzaría el 84,8% de la financiación total”.

Por tanto, “es necesario aumentar la partida global para que la citada financiación operativa corresponda al 80% del total asignado” ya que “la cantidad asignada a la financiación básica operativa en el presente proyecto no permitirá ni siquiera cubrir los gastos salariales comprometidos a día de hoy sin contar el posible 2% de incremento, y sin contar con los otros gastos de funcionamiento que las bases del modelo incluyen para esta partida: gastos de funcionamiento, costes de mantenimiento, la inversión de reposición, etc.”

El último dato auditado de gastos en bienes corrientes y servicios por el conjunto de las Universidades públicas andaluzas, que ascendió a 213.000.000 €. D0ada la evolución de los precios de muchos servicios y suministros en los próximos meses, los rectores y rectoras precisan que estos gastos serán superiores en el año 2022. En consecuencia, “la cantidad asignada (1.295 M€) significa una cantidad 110 M€ menor a la autorizada actualmente para costes de personal, 138 M€ inferior en el caso de que se apruebe el aumento del 2% en los salarios de los empleados públicos y 351 M€ menor si se tienen en cuenta los gastos de bienes corrientes y servicios incurridos en las últimas cuentas auditadas”.

En conclusión, “la financiación básica operativa es absolutamente insuficiente para atender el compromiso que el gobierno aprobó en sus bases del modelo” por lo que “no corresponde, adicionalmente, al compromiso de las bases del Modelo de Financiación, según las cuales deberían ser el 80%, en lugar del 84,8%. Es decir, la capacidad existente para compensar el déficit expresado a través del resto de la financiación es aún menor a la que el gobierno se compromete: sólo ascendería al 15,2 % de la financiación, un total de 231.763.794 €. Ni siquiera destinando la totalidad de la financiación propuesta en el proyecto (1.526.594.394 €) se puede atender la totalidad de los gastos de funcionamiento del sistema aquí enumerados y cuantificados (1.645.771.209 €: cantidad resultante de sumar 1.404.677.656 € – cota de personal-, 28.093.553 € -incremento salarial del 2%- y 213.000.000 M€ – últimos gastos corrientes auditados del sistema-)”.

En consecuencia, “aun empleando la financiación total propuesta, el sistema presenta la producción de un déficit mínimo, tras atender todos los gastos de funcionamiento enumerados, de 119.176.815 M€. Ni siquiera empleando la financiación total propuesta, el sistema tiene financiación para garantizar los gastos mínimos y necesarios de funcionamiento”.