UniversidaddeCádiz

“La convivencia es la más terrible de las pruebas”, apunta la escritora Isabel Allende. “Un trabajo costoso de comprensión y generosidad constantes”, añade el psiquiatra Enrique Rojas. Dos reflexiones que sirven para describir el día a día de la comunidad de la Universidad de Cádiz, un espacio compartido por miles de estudiantes, docentes y personal de administración en el que, inevitablemente, surgen dudas, fricciones o conflictos.

Para abordar esas situaciones existe la Defensoría Universitaria, un órgano independiente que vela por los derechos de la comunidad universitaria y que trabaja, sobre todo, desde la escucha y la mediación. Al frente de este servicio se encuentra Ana María Rodríguez Tirado, acompañada por las defensoras universitarias adjuntas Paloma Gil-Olarte Márquez e Inés González Gutiérrez. En esta entrevista, conocemos con más detalle el papel de una unidad que convierte el diálogo y la mediación en herramientas fundamentales para cuidar la convivencia dentro de la universidad.

 “Cumplimos una función de escucha activa: muchas personas acuden simplemente para ser oídas”

La Defensoría de la Comunidad Universitaria de la UCA comenzó su actividad en 2003. Más de veinte años después, ¿qué papel desempeña hoy dentro de la estructura universitaria?

El papel que representa dentro de la estructura universitaria, teniendo en cuenta que no es un órgano de gobierno ni de representación, es el de un espacio independiente y sujeto a la confidencialidad por los asuntos que se tratan. Su función principal, desde su origen y consolidada con los años, es velar por la garantía de los derechos de los miembros de la comunidad universitaria en el funcionamiento de sus servicios, órganos o unidades. Además, conforme a la normativa aprobada en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), puede ejercer —y de hecho ejerce— tareas de mediación, conciliación y buenos oficios. Estas funciones forman parte de nuestro trabajo casi diario.

Cuando llega una queja analizamos si se ha podido vulnerar un derecho, pero lo más habitual es que desarrollemos una labor de intermediación que encaja dentro de esa mediación universitaria. También cumplimos una función de escucha activa y de orientación. Muchas personas acuden simplemente para ser oídas. Ofrecemos un tiempo y una atención que, por la propia dinámica administrativa, otros servicios no siempre pueden prestar. La estructura actual, con dos defensoras adjuntas y yo misma, nos permite organizarnos adecuadamente para atender los asuntos que llegan.

¿Cómo ha evolucionado el órgano en estas dos décadas? ¿Ha cambiado la naturaleza de los conflictos o la forma de abordarlos?

No tengo tan claro que haya cambiado la naturaleza de los conflictos. En la Universidad de Cádiz se pueden identificar ciertos patrones según el colectivo, pero en los últimos años —yo llevo más de cinco en la Defensoría— han aflorado con más claridad los conflictos de convivencia.

Eso no significa que no existieran antes, sino que ahora afloran más y llegan a la Defensoría. Si se observan las estadísticas, se aprecia un incremento progresivo de estos casos. En estos conflictos la mediación y la intermediación son fundamentales. No suelen tener una solución sencilla, pero requieren la participación activa de las partes que acuden a nosotros.

“La universidad no deja de ser un reflejo de la sociedad. Surgen diferencias de intereses y malentendidos que pueden generar conflictos”

La memoria del curso 2024/25 se abre con dos citas sobre la convivencia. ¿Es tan complejo mantener un clima saludable en una comunidad universitaria?

Hablamos de casi 25.000 personas. Son muchas personas que pasan muchas horas en el entorno universitario. El estudiantado vive una etapa intensa, aunque limitada en el tiempo, mientras que el personal técnico de gestión y administración y servicios (PTGAS), así como el personal docente e investigador (PDI), conviven durante años.

La universidad no deja de ser un reflejo de la sociedad. Surgen diferencias de intereses y malentendidos que pueden generar conflictos. Cuando las partes no logran resolverlos dentro de su propio ámbito y no encuentran solución en la estructura ordinaria, terminan llegando a la Defensoría. Debo reconocer que centros y departamentos realizan un trabajo excepcional de resolución de conflictos  dentro de sus respectivos ámbitos. Normalmente los asuntos nos llegan cuando ya no ha sido posible resolverlos por otras vías.

En una comunidad de unos 25.000 miembros es inevitable que surjan fricciones. ¿Qué tipos de conflictos son hoy los más habituales?

En materia de convivencia son muy diversos y, por razones de confidencialidad, no puedo entrar en detalles.

En cuanto a otros asuntos, dependen del colectivo. Al estudiantado le preocupan especialmente cuestiones relacionadas con la docencia, la evaluación o la matrícula. En su caso, además, tenemos una labor adicional de asesoramiento sobre los procedimientos que pueden seguir, tal como establece el Estatuto del Estudiante. A veces no saben a dónde dirigirse y acuden a la Defensoría para que los orientemos. Por ejemplo, en una revisión de examen les indicamos cuál es el procedimiento y qué pasos deben dar. Si reciben una resolución y no saben cómo actuar, les explicamos la posibilidad de interponer recurso de alzada e incluso les remitimos a los modelos disponibles en el Vicerrectorado de Estudiantes. Una parte importante de nuestra actividad son consultas de orientación relativamente sencillas.

¿Cuáles son las principales herramientas que utiliza la Defensoría para encauzar esos conflictos?

La mediación, la conciliación y los buenos oficios forman parte de nuestro trabajo diario. Habitualmente trabajamos en equipo. Los asuntos más sencillos, especialmente los de asesoramiento procedimental, suelen gestionarse desde la oficina por la defensora adjunta Inés González Gutiérrez, que conoce en profundidad los procedimientos universitarios.

En los casos más complejos los analizamos conjuntamente. Cuando se trata de conflictos interpersonales solemos intervenir dos personas para incorporar distintas perspectivas. La defensora adjunta Paloma Gil-Olarte Márquez, profesora del Departamento de Psicología, aporta un perfil especialmente valioso en estos casos.

Cuando es necesario solicitamos la colaboración de los órganos correspondientes —áreas de personal, vicerrectorados, Secretaría General o asesoría jurídica, entre otros—, que tienen la obligación reglamentaria de colaborar con la Defensoría, y lo habitual es que colaboren activamente con nosotras.

“Incluso sin capacidad vinculante nuestra actuación resulta útil en buena medida”

La Defensoría no puede imponer decisiones. ¿Esa ausencia de capacidad ejecutiva limita su actuación o refuerza su independencia?

No tener capacidad ejecutiva no afecta a la independencia; al contrario, la garantiza. No recibimos intromisiones de ningún órgano ni ejercemos política universitaria. Esa función corresponde al equipo de gobierno.

Nuestra labor consiste en analizar los asuntos y plantear recomendaciones o sugerencias cuando consideramos que una actuación podría mejorarse. En temas de mayor calado nuestras valoraciones suelen ser tenidas en cuenta, especialmente cuando emitimos un informe fundamentado. Incluso sin capacidad vinculante nuestra actuación resulta útil en buena medida.

¿Cree que la comunidad universitaria —especialmente el estudiantado— conoce suficientemente la Defensoría y confía en acudir a ella cuando surgen problemas?

Este año se ha alcanzado la cifra récord de 190 asuntos. En una comunidad de 25.000 personas el porcentaje sigue siendo bajo. Puede interpretarse de dos maneras: o bien que la universidad funciona razonablemente bien y solo llegan casos residuales que no se han resuelto en otras instancias, o bien que todavía hay personas que no conocen suficientemente la Defensoría.

Creo que cada vez se conoce más. El CEUCA, el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cádiz, nos ha invitado en varias ocasiones a participar en jornadas formativas para representantes estudiantiles, y desde algunas delegaciones nos han derivado casos.

No obstante, el estudiantado suele conocer mejor los vicerrectorados que la Defensoría, en parte porque se centra en sus estudios y no siempre tiene una visión completa de la estructura universitaria. El personal de la universidad, en cambio, suele conocer mejor nuestro funcionamiento.

¿Existen ámbitos en los que la Defensoría no puede intervenir o en los que su margen de actuación es especialmente delicado?

Sí, existen límites normativos claros. En casos de acoso no podemos intervenir, porque existen protocolos específicos y órganos competentes para su tramitación. Sí podemos orientar y escuchar, pero no instruir el procedimiento.

Tampoco podemos intervenir cuando hay un procedimiento administrativo abierto con plazo de recurso vigente. En esos casos recomendamos utilizar la vía correspondiente. Sí podemos actuar si un recurso no se resuelve en plazo, solicitando información al órgano competente.

“Desde una posición neutral es más fácil identificar posibles soluciones que cuando se está inmerso en el conflicto”

Tras varios años al frente de la unidad, ¿qué le ha sorprendido más de la gestión diaria? ¿Ha cambiado su percepción inicial del puesto?

He desempeñado numerosos cargos de gestión en la universidad, pero este es diferente. Es, probablemente, la parte más humana de la institución. La escucha activa es esencial en nuestro trabajo. También lo es el trabajo constante en equipo.

No siempre podemos ofrecer la solución que la persona espera. Nuestra independencia implica neutralidad e imparcialidad. No somos abogados de parte; analizamos cada asunto de manera integral y, si formulamos una recomendación, lo hacemos tras un estudio objetivo de la información disponible.

En los últimos años hemos consolidado la coordinación con la Inspección General de Servicios y las unidades de Igualdad, Diversidad e Inclusión, para evitar duplicidades y ofrecer respuestas más coherentes. La Comisión de Convivencia también ha introducido nuevas vías de mediación formal.

¿Cuáles son hoy los principales retos de la Defensoría y qué aspectos le gustaría reforzar?

Uno de los retos inmediatos es revisar el reglamento cuando se aprueben los nuevos estatutos de la Universidad, para adaptarlo al marco de la LOSU. Queremos reforzar normativamente la mediación universitaria —conciliación, mediación y buenos oficios— como forma específica de intervención. También sería deseable disponer de más tiempo para profundizar en algunos informes y recomendaciones. Aunque el número total de asuntos no es muy elevado, algunos expedientes requieren meses de trabajo, entrevistas y análisis detallado.

Para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a la comunidad universitaria?

La Defensoría está aquí para toda la comunidad universitaria. A veces, especialmente desde el estudiantado, existe cierto temor a acudir cuando el conflicto puede afectar al profesorado u otros ámbitos. Pero nuestra regulación es garantista y confidencial. No siempre podemos ofrecer la solución ideal, pero sí escucha activa y orientación. A veces basta con señalar el camino adecuado o sugerir una vía menos conflictiva.

Desde una posición neutral es más fácil identificar posibles soluciones que cuando se está inmerso en el conflicto. Nuestro papel es precisamente ese: ayudar a canalizarlo.