El Congreso de la Asociación de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social apuesta por reforzar la inclusión en la ‘Declaración de Cádiz’ 22 mayo 2026
El XXXVI Congreso Anual se ha cerrado este viernes en la Facultad de Filosofía y Letras con propuestas orientadas a acercar la legislación a las necesidades reales de las personas trabajadoras
La Universidad de Cádiz ha acogido la clausura del XXXVI Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (AEDTSS), un encuentro celebrado durante dos jornadas en la Facultad de Filosofía y Letras que ha reunido a especialistas, investigadores y profesionales para analizar los retos actuales relacionados con la discapacidad, la inclusión laboral y la protección social. El congreso, organizado por la AEDTSS en colaboración con el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA, ha concluido con la presentación de la denominada Declaración de Cádiz, un documento que recoge las principales conclusiones y propuestas surgidas a lo largo de las sesiones de trabajo.
La clausura del encuentro ha contado con la participación del secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez; la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Cádiz, Isabel Villar; y la presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, María Emilia Casas.
Las conclusiones planteadas durante el encuentro parten de una idea compartida por los especialistas participantes: pese a los avances legislativos producidos durante los últimos años, persiste todavía una distancia significativa entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación efectiva en la práctica. La Declaración de Cádiz señala que muchas de las medidas existentes no siempre logran traducirse en una inclusión laboral real y plantea la necesidad de revisar su funcionamiento desde una perspectiva más centrada en los resultados y en las necesidades concretas de las personas trabajadoras.
En este sentido, uno de los principales planteamientos surgidos del congreso apunta a la conveniencia de evaluar de manera más rigurosa las políticas públicas dirigidas a favorecer el acceso al empleo de las personas con discapacidad. El documento subraya que determinadas medidas han permanecido activas durante años sin una valoración suficiente de su impacto efectivo y propone reorientar los esfuerzos hacia instrumentos que permitan comprobar resultados tangibles de inclusión en el mercado laboral ordinario.
Las conclusiones también llaman a revisar algunos mecanismos actualmente existentes, como la cuota de reserva de empleo, los incentivos a la contratación o el papel desempeñado por los Centros Especiales de Empleo. Los especialistas participantes han señalado la importancia de evitar modelos que puedan derivar en entornos separados o diferenciados y han defendido reforzar medidas más directamente vinculadas al empleo ordinario, entre ellas el empleo con apoyo o la adaptación de los puestos de trabajo.
Otro de los aspectos abordados durante el encuentro ha sido la transformación que están experimentando las condiciones laborales como consecuencia de la digitalización y de las nuevas formas de organización del trabajo. Los participantes han coincidido en que estos cambios plantean nuevos desafíos relacionados con la accesibilidad, la formación continua o la adaptación de los puestos laborales en entornos cada vez más digitalizados.

Las sesiones de trabajo han dedicado igualmente una atención específica al ámbito de la protección social. Entre las propuestas formuladas destaca la posibilidad de abordar una reforma integral del modelo de incapacidad permanente, con un enfoque que priorice las capacidades y posibilidades de adaptación de las personas frente a una visión exclusivamente centrada en las limitaciones. El documento propone avanzar hacia fórmulas que permitan una mayor compatibilidad entre trabajo y prestaciones, favoreciendo la inclusión laboral sin reducir la protección social.
La Declaración de Cádiz concluye señalando la necesidad de consolidar un modelo centrado en la persona trabajadora y alineado con los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, situando el empleo ordinario como uno de los principales instrumentos de inclusión social.
El congreso, que comenzó este jueves con una programación centrada en cuestiones relacionadas con la discriminación, las políticas de empleo, las condiciones laborales y las prestaciones de la Seguridad Social, ha incluido ponencias plenarias, talleres, comunicaciones científicas y espacios de debate entre especialistas procedentes de universidades e instituciones de distintos puntos del país.
Puedes consultar en este enlace la Declaración De Cádiz
