Con el objetivo de agilizar su funcionamiento, mejorar el acceso de empresas y particulares al crédito y reforzar su solvencia financiera, el Consejo de Ministros ha acordado cuatro iniciativas en relación con el Instituto de Créditos Oficial.

La novedad más destacada es en la puesta en marcha de un préstamo directo a pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos con un importe máximo de 200.000 euros por cliente, en operaciones de financiación, tanto de inversión como de liquidez, en las que el ICO decidirá la concesión y asumirá el riesgo de las mismas al 100%. Esta financiación se hará efectiva con anterioridad al 15 de junio y estará vigente este año y el siguiente, y los préstamos se realizarán en condiciones de mercado.

La segunda medida aprobada, consiste en instruir al ICO para que incremente el volumen de reafianzamiento de las Sociedades de Garantía Recíproca, de manera que se facilite y agilice la concesión de operaciones de financiación a través del sector financiero privado. Esta operativa se instrumentará a través del sistema de contragarantías de CERSA con las Sociedades de Garantía Recíproca.

Otra de las medidas que se llevaran a cabo, será la mejora de la Línea ICO-Liquidez para favorecer el acceso a financiación para circulante de las pymes. En este sentido, el Instituto podrá incrementar el límite máximo del 5% del riesgo de crédito compartido al 50% con las entidades de crédito, adecuándolo hasta una cifra equivalente al porcentaje medio de morosidad comunicado al Banco de España por estas entidades a cierre de ejercicio 2010, relativo al crédito a actividades productivas excluyendo construcción y actividades inmobiliarias.

Por último, se instruye al Instituto para ampliar el apoyo financiero a promotores de viviendas de protección oficial cuando éstas se destinen a la venta. Dadas las dificultades de financiación de las actividades de promoción de viviendas, y con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, es necesario dotar de más herramientas al ICO para que pueda procurar también financiación para la promoción de las viviendas protegidas destinadas a la venta, y no sólo al alquiler, como ocurre en la actualidad.